Sin presupuesto no hay Pacto de Estado

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) fue adoptada el día 18 de diciembre de 1979, tras cuatro años de trabajo. Un año después, en 1980, se realiza una ceremonia dentro de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas en la que los Estados pudieron suscribir y ratificar la Convención para la Erradicación de toda forma de discriminación hacia la mujer. España ratificará esta convención en el año 1983. Esta convención, que a menudo es denominada como la “Carta de Derechos Humanos de la Mujer” es un compendio de treinta artículos que busca garantizar la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Es importante destacar la creación del Protocolo Facultativo de la Convención, gracias al cual, cualquier persona puede denunciar el incumplimiento del Estado de sus obligaciones cuando afecten directamente a la persona denunciante y esta discriminación o perjuicio esté basado en el género. Este protocolo se abrió a la firma el 10 de diciembre de 1999 y sitúa a la convención en un pie de igualdad con otros instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen procedimientos de presentación de denuncias. Permite que las mujeres víctimas de discriminación basada en el sexo presenten denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, el órgano creado en virtud de la Convención.

Muy recientemente los Estados han firmado el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del año 2011 (Convenio de Estambul). Desde la ratificación de España del Convenio de Estambul se empiezan a definir en nuestro país los compromisos que posteriormente se plasmarán en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incorpora  más de 200 medidas y que amplía el concepto de violencia de género, reconociendo que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada.

Los fundamentos del Convenio son:

  • Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores.
  • Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.
  • Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil.
  • La recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

Además de estas dos convenciones deben tenerse en cuenta los compromisos adquiridos por España en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante, ODS) y de la denominada Agenda 2030.

La importancia de las Convenciones radica fundamentalmente en que son de obligado cumplimiento para los países que las suscriben, firman y ratifican.

La violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es un problema que afecta a un 20% de las mujeres en España. Un 20%. Esto quiere decir que aproximadamente cuatro millones de mujeres en España son o han sido víctimas de violencia de  género. Y sus hijos. Y sus hijas.

En Fundación Atenea nos encontramos con mujeres que sufren una doble y triple discriminación, y no son solo mujeres que se encuentran en proceso de desintoxicación y que además han sido (o son) víctimas de violencia de género, sino mujeres diversas con diversas vulnerabilidades que necesitan recursos específicos para atender a su doble problemática

Es ineludible avanzar con paso firme para la erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer, es necesario que el Estado proteja a las mujeres y evite la re victimización de las que hayan sido agredidas física, psicológica o sexualmente. Es necesario un compromiso por parte de toda la sociedad y, para poder hacer frente a esta lacra, es importante que el Gobierno aporte los fondos económicos necesarios a tal fin, tal y como se comprometió tras la firma del Pacto de Estado contra la violencia de género. Es hora de afrontar esta problemática dándole la importancia que tiene y para ello es necesario que se inviertan los recursos económicos necesarios porque mientras persista la violencia contra las mujeres no podremos avanzar hacia la igualdad.

Si la firma de pactos, convenios, convenciones o protocolos contra la violencia de género y a favor de la igualdad entre mujeres y hombres no conllevan un gasto presupuestario que refleje el compromiso, se convierten en papel mojado que no vale para nada.

Las mujeres de este país necesitamos y queremos avanzar hacia la igualdad y para ello, tenemos que eliminar, de una vez por todas, la violencia de género.

Las inversiones deben realizarse teniendo en cuenta a las asociaciones y a los grupos de mujeres para que puedan priorizar las áreas de actuación, se deben minimizar los recursos invertidos en gastos burocráticos e institucionales mediante la gestión por organizaciones del tercer sector para garantizar que llegan casi íntegramente a las personas que los necesitan y se deben garantizar partidas presupuestarias suficientes tanto temporal como económicamente.

Solo así, estaremos construyendo igualdad y podremos avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y mejor para todas las personas.

 

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