Trabajo con jóvenes de máxima vulnerabildad, comunidades terapéuticas donde la adicción de las drogas se trata con ellos y con un enfoque de derechos humanos y enfoque de género podrían ser las señas de identidad de Inti, una ONG que trabaja en Argentina en drogas y que participa activamente en varios espacios de RIOD.
Uno de los temas más interesantes que realiza vuestra ONG es el trabajo con jóvenes de máxima vulnerabilidad. ¿Cómo os planteáis este reto ante una realidad tan golpeada?
Para entender el abordaje que planteamos con este perfil de personas es necesario antes comprender las características que rodean la situación de estos jóvenes, que es un poco entender el fenómeno de vulnerabilidad y exclusión social de los últimos 30 años en Argentina, atravesada por profundos procesos de desigualdad social. La configuración problemática en la vida de estos jóvenes incluye no solo carencias materiales, de por si gravísimas, sino además carencias de tipo simbólico que les imposibilita siquiera afrontar la aventura social. Su pertenencia a contextos familiares multiproblematicos (violencia familiar, abuso sexual infantil, antecedentes de abuso de drogas en sus padres, etc.) y contextos comunitarios donde el desamparo social tiene un acento fuerte, deriva en que el consumo problemático cobre una dimensión especialmente preocupante. La relación entre las drogas y estos jóvenes es de precocidad en su inicio y policonsumo y cotidianeidad en su abuso. Paradójicamente, es muchas veces este abuso de drogas la única herramienta de la que disponen para afrontar, disfuncionalmente por supuesto, una realidad cotidiana que se torna insoportable, con nula perspectiva de cambio a futuro.
Nuestro abordaje pretende poner foco en trazar objetivos a corto y mediano plazo especialmente, ofreciendo un enfoque personalizado con autenticidad hacia el joven, es decir, sin generar expectativas que luego junto a él no podamos alcanzar. Para esto promovemos el trabajo en red articulando con diferentes actores del entramado social de manera tal que podamos restituir derechos vulnerados y promover su inserción social. Y así apuntamos a su derecho a la salud, a la escolarización, a la recreación, al reforzamiento de los lazos familiares, etc.
¿Cómo trabajáis la perspectiva de género de cara a tenerla incorporada en vuestros recursos y programas?
Estamos implementado un programa transversal a todos nuestros dispositivos que hemos denominado GENEROSCOPIO. Con él se pretende dar un lugar de ponderación a la cuestión de género en el actuar de la institución. Las acciones interpelarán tanto a las personas en tratamiento por el consumo problemático de sustancias, como al equipo de profesionales y operador socio-terapéuticos, personal directivo y administrativo, y otras personas del espacio de cobertura de la institución que demanden intervención, como por ejemplo las familias de los usuarios (madres, padres, hermanos, parejas… y todo aquel que participe en el proceso de acompañamiento). El programa busca tomar en consideración la cuestión de género en los procesos de abordaje de problemáticas sociales que atraviesan a las personas en tratamiento, ambulatorio o residencial. A la vez, se propone responder a la demanda social de asistencia, acompañamiento, orientación y tratamiento a mujeres y sus familias, víctimas de situaciones que vulneren sus derechos. Entendemos que son varios los aspectos innovadores del programa, donde emerge producto de esta estrategia de trabajo, “Víctimas y Victimarios“, que individualmente abordamos, por ejemplo, en espacios psicoterapéuticos, donde se profundizan los abordajes.
Otro punto importante consiste en revisar las creencias que el propio equipo de la ONG tiene al respecto, especialmente aquellas que refuercen construcciones sociales que sustentan y naturalizan las relaciones de desigualdad. Estos datos, obtenidos a través de encuestas, están en procesos de análisis, pero de manera parcial ya venimos observando indicadores interesantes de ser abordados y repensados.
En este sentido, además, estamos participando en espacios de formación brindado por Fundación Atenea, en el marco de un convenio recientemente celebrado, que nos ha permitido capacitar integrantes de nuestro equipo en diseño y planificación de proyectos de intervención con personas drogodependientes desde una perspectiva de género.
Mar de Plata, tristemente, ha saltado a los medios de comunicación nacionales e internacionales por el tema de violencia de género. ¿Qué estrategias creéis que se deberían abordar para luchar contra los femicidios?
Un primer gran paso ya ha sido dado: visibilizar la problemática de cara a la sociedad en su conjunto. Las convocatorias como resultado de los lamentables femicidios sufridos han aglutinado a un grupo amplio y heterogéneo de ciudadanos/as que manifestaron su repudio. Este cambio de percepción social ante la problemático debe ir acompañado de una decidida política de Estado que ofrezca espacios de prevención y asistencia, en casos de violencia de género. Nuestro ayuntamiento cuenta con una Subsecretaria de la Mujer que ofrece líneas telefónicas de denuncia, asistencia psicológica, asistencia jurídica, hogar de tránsito para mujeres que la han padecido y también trabaja con grupos de reflexión de varones que ejercen violencia de género. Esto último nos parece interesante, como desarrollaba anteriormente, adherimos al abordaje que incluye tanto a víctimas como victimarios en la intervención. Es importante comprender que ante problemáticas tan complejas y culturalmente multideterminadas las únicas acciones con aspiraciones de eficacia son aquellas articuladas en red entre el Estado, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. En función de este concepto, estamos intentando que el ” Programa Generoscopio” pueda desarrollarse en distintos ámbitos del Municipales, Clubes deportivos, Redes barriales etc.
Realizáis vuestra intervención a través de comunidades terapéuticas (CTs) en las que trabajáis mayoritariamente con población en riesgo y/o situación de exclusión social o marginalidad. ¿Cómo están funcionando, qué ventajas y carencias apreciáis en este modelo?
Nosotros somos fuertes defensores y promotores de las CTs como dispositivo de abordaje en consumos problemático de drogas. Ahora bien, tenemos nuestra propia percepción de lo que una CT debe incluir y lo que no. En Argentina hay una vasta tradición de CTs con muchos años de desarrollo y decidido protagonismo a nivel salud pública, inclusive más que el Estado. Nuestro paradigma propone pensar a la CT como un emergente de dos líneas tradicionales en nuestro país: por un lado las denominadas “granjas de adictos”, que configuraron una primera etapa, testimoniales, de autoayuda, sin profesionalización y enmarcadas en la lógica de premio/castigo. Por otro, las “clínicas de rehabilitación”, donde el abordaje biomédico no permitía ser complementado con otras miradas. Nuestra propuesta representa un modelo emergente y superador de los dos anteriores, profesionalizando de manera multidisciplinaria la CT, con un enfoque de derechos humanos y posicionando al usuario en un lugar activo en relación a su propio proceso terapéutico. Si revisamos el equipo en nuestras CTs vamos a encontrar médico clínico, trabajadoras sociales, psicólogos/as, talleristas de música, teatro y canto, nutricionista, tallerista de chi kung, psiquiatra, educadores, operadores socioterapéuticos terapista ocupacional, en fin, una gama muy amplia de miradas para una problemática que así lo requiere.
¿La sociedad es consciente de la problemática que implica el consumo problemático de drogas?
En Argentina nos falta mucho recorrido para evolucionar hacia una mirada realista y fundamentada de lo que el consumo problemático de drogas, legales e ilegales, y de lo que representa a nivel de Salud Pública. En primer lugar, hemos padecido un fuerte atraso en lo que a campañas de visibilizacion y prevención en la materia se refiere. Durante muchos años se confundió el aspecto de seguridad, lucha contra el narcotráfico, con el aspecto de salud, prevención de la demanda, en lo referido a la problemática. Y esto derivo en quitar recursos y planificación en adicciones como problema de salud, a punto tal que ha sido el Tercer Sector a través de las ONGs que trabajamos en esto quienes hemos dado respuesta en atención de manera principal en los últimos 30 años. Esta ausencia de campañas de sensibilización y visibilizacion de la problemática han derivado en una baja percepción del riesgo y alta tolerancia social al consumo de psicoactivos, especialmente el alcohol y la marihuana.
Habiéndose declarado en Argentina la “Emergencia Nacional en materia de adicciones» hasta el 31 de diciembre de 2018, ¿cómo se ha apreciado este gesto en el día a día de los programas de adicciones? ¿qué consideráis que debe cambiarse en las políticas públicas para ofrecer una respuesta más eficaz a las drogodependencias?
Al momento no hemos percibido un impacto real que haya traslado este decreto a las acciones concretas. Como claros ejemplos, podría señalarte dos concretos. El primero, en septiembre de 2016 se derogó la resolución que reglamentaba el funcionamiento de dispositivos de tratamiento del consumo problemático de drogas, que incluía el Cierre de los dispositivos residenciales, tanto clínicas Psiquiátricas, como CTs, en el marco de la ley de salud Mental y adicciones Nro 26657. Derogar esta reglamentación de cierre y convocar a la creación de una nueva a los distintos Ministerios y representantes del tercer sector y entidades privadas era una muy buena disposición. Pero habiendo pasado ya diez meses de esta, aun no se realizó una nueva reglamentación que permitan tener claro cuál es el rumbo a seguir.
El segundo, entre tantas otros, tiene que ver con el financiamiento, desde que se declaró la emergencia en materia de adicciones. La deuda, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud), no solo que no se redujo…, sino que se amplió aún más. Siendo octubre del 2016 el último mes abonado por la Subsecretaria de Determinantes Sociales y diciembre 2016 por la Secretaria de Niñez. Tememos que el anuncio haya perseguido un golpe de efecto a nivel de opinión pública y luego se haya ido diluyendo en la inacción de los organismos encargados de implementar, en términos de presupuesto y políticas, las directrices que la declaración propone. Consideramos que la falta de articulación y creación de criterios comunes de abordaje es lo que dificulta la implementación de políticas de manera más eficaz.
Tras la participación en el último encuentro de RIOD, ¿cómo cree que se debería articular (o se mejoraría) la cooperación internacional entre los participantes? ¿Qué expectativas de colaboración valora más con la Fundación Atenea?
En el contexto bastante hostil en el que estamos, resulta claro que participar en actividades que la RIOD propone es una verdadera caricia al alma… ¿Motivos? La organización puede generar distintas dinámicas de intercambios, participando en comisiones de trabajo, capacitación, etcétera. En este punto creo, que la decisión de sumar organizaciones adherentes fue muy acertada. La participación de los que estuvimos en Costa Rica, como aquellos que se puedan sumar en un futuro van a potenciar la dinámica de la red.
Por otra parte, ha resultado un enorme privilegio la concreción del convenio de intercambio y colaboración con la Fundación Atenea. Representa un desafío que nos obliga estar a la altura de la circunstancia, siendo una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento de nuestra ONG y los diferentes programas que la componen.
