La Plataforma del Tercer Sector, las EAPN territoriales y estatal y entidades sociales como Fundación Atenea han comenzado a analizar el anteproyecto de Ley de Subvenciones presentado recientemente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que sustituye a la actual ley general vigente en la materia.
Dicho anteproyecto supone nuevas trabas a la acción de las organizaciones sociales, que por ser sin ánimo de lucro, tan solo pretenden mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. Es por ello que requisitos administrativos como una elevada cofinanciación, por ejemplo, en momentos en los que las organizaciones se encuentran con graves problemas de financiación, dificultan que se pueda llevar a cabo la acción social y la ayuda a las personas que más lo necesitan.
En esencia, las dificultades vienen producidas por las peculiaridades del trabajo del Tercer Sector y la falta de un modelo de financiación propio. Estas dificultades se ven reflejadas, por ejemplo, cuando la nueva ley de subvenciones no permite considerar gasto subvencionable los finiquitos de personal, cuando las subvenciones, por definición, son temporales, con lo cual, colisiona la legislación laboral vigente con la propuesta de la nueva ley de subvenciones.
Otro ejemplo lo encontramos en los llamados gastos estructurales de las organizaciones, es decir, todo el personal que es directamente imputable a los proyectos pero sin cuyo concurso no sería posible ejecutar con calidad los mismos, a saber: gestión de personas, gestión del conocimiento, comunicación y sensibilización, personal administrativo, gastos de instalaciones, suministros, auditorías… Estos gastos administrativos, contables, laborales y de conocimiento son o no imputables o imputables en menos del 30%.
Las entidades sociales y las plataformas que las representan solicitan al Ministerio la elaboración conjunta de la propuesta dada la dificultad de la que adolece la financiación del Tercer Sector, una propuesta que suponga un modelo de financiación adecuado al trabajo que se realice y que se armonice con el resto de la legislación.
