Más del 90 por ciento de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno. Esta ley que pretende incrementar la eficacia y la transparencia en el reparto de subvenciones establece un sistema de cofinanciación que implicará que los servicios que presta el Tercer Sector a las personas en riesgo de exclusión puedan ser realizadas por organizaciones privadas con ánimo de lucro.
De esta manera se da el caso de que con esta nueva ley de subvenciones serán las propias organizaciones sociales las que financiarán a la administración pública en la ejecución del sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos, siendo en muchos casos necesario someterse a condiciones de crédito para poder optar a este modelo de financiación de actividades. Este hecho hará casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan optar a proyectos subvencionados lo que obligará a muchas de ellas a cesar una actividad que ha beneficiado a miles de personas en riesgo de exclusión durante los últimos años.
