Desde el Área Internacional de la Fundación Atenea queremos visibilidad una necesidad, que requiere un abordaje urgente, como es la revisión de las actuales políticas de drogas que han dado lugar a una excesiva criminalización y encarcelamiento de mujeres. Para la revisión de esta problemática, tomaremos como referencia la publicación “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”, una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe propuesta por las organizaciones WOLA, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia, y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Esta hoja de ruta pretende desarrollar e implementar políticas de drogas más humanas y más eficaces; basada en un enfoque de salud pública, respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de género, tiene el objetivo principal de reducir la población femenina privada de libertad en la región, partiendo de la base de que su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y mejorar la seguridad pública, sino todo lo contrario, suele empeorar la situación teniendo consecuencias devastadoras para la mujeres, y sus familias y comunidades, perpetuando círculos viciosos de pobreza.
Las cifras que nos presenta la publicación son alarmantes, ya que si bien es cierto que el número de hombres privados de libertad, por delitos relacionados con drogas, es mayor en la región, los niveles de encarcelamiento de mujeres, por este motivo, están creciendo a una tasa más rápida. Así, la población carcelaria femenina total en América Latina ha aumentado en un 51,6% entre el año 2000 y el 2015. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. En el caso de Argentina, entre 1989 y el 2008 el aumento fue del 271%, mientras que por su parte, Chile, entre 2005 y 2013 presentó un aumento del 290%. Nos encontramos por tanto ante una situación grave y que, además, empeora.
Las fuerzas impulsoras que están detrás de las tasas exorbitantes de encarcelamiento son la expedición de leyes de drogas extremadamente punitivas y represivas, y la imposición de penas desproporcionadas. Los datos disponibles muestran el fracaso de tal política ya que no se ha logrado reducir el tamaño del mercado de drogas, y sin embargo, las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado.
Ante esta situación, es impostergable la tarea de desarrollar nuevas políticas, intervenciones y programas; y para ello, lo que se propone desde la guía que nos ocupa, es revisar la proporcionalidad de la pena y las políticas punitivas de manera que los delitos de bajo nivel, o no violentos, no se penalicen con cárcel. Además, los sistemas de justicia penal deberían tener en cuenta atenuantes como, por ejemplo, mujeres que cuidan hijas e hijos menores de edad, personas mayores de la familia o la comunidad y mujeres embarazadas. A la par, es necesario implementar medidas alternativas a la prisión, que ya sabemos que son respuestas menos costosas y dañinas, y más efectivas para enfrentar los delitos de drogas.
Estas medidas deberían tomarse en consideración no solo en América Latina y el Caribe, pues si ampliamos la mirada descubriremos que esta es una realidad global que afecta a mujeres de todo el mundo.
Estados Unidos es el país con el más alto grado de encarcelamiento femenino, contando aproximadamente con el 25% de prisioneras en el mundo y siendo el número de infracciones relacionadas con drogas la causa más común por las que una mujer termina en prisión, por mucho superando formas de violencia criminal u otras formas de ofensas públicas[1]. De 1999 en adelante, el 72% de las mujeres en prisión fueron encarceladas por delitos relacionados con drogas, y los estudios evidencian como uno de los factores más importantes por el que el número de reclusas ha crecido en los Estados Unidos es la guerra contra las drogas[2].
En cuanto a Europa continental y Asia Central, el número de presas en cárceles es muy similar al de Estados Unidos. De acuerdo a datos de un Informe de Harm Reduction International, se estima que 112.000 mujeres están en prisión en Europa continental y Asia Central, y alrededor del 28% de ellas guardan prisión por delitos relacionados con drogas. De acuerdo a esta publicación, en casi todos los casos se trata de posesiones de pequeñas cantidades de droga. En relación a los países con mayor número de mujeres presas por delitos de drogas, España ocupa el quinto lugar con un 45,5%, después de Tayikistán, Letonia, Portugal y Estonia.
Como conclusión, el reporte reveló que la legislación de drogas afecta a las mujeres desproporcionadamente, ya que los delitos de drogas son la primera causa por la que las mujeres son puestas en prisión. Muchos Estados en Europa continental y Asia Central implementan rígidas y severas políticas contra las drogas que deben ser reformuladas a fin de que tomen en consideración los derechos humanos y que no se castigue a víctimas inocentes, sino que busque mejorar su vida y salud. El Comité sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas[3], en esta línea, muestra su preocupación acerca del incremento de mujeres encarceladas por delitos de drogas y pide a los gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos para buscar estrategias alternativas de sentencia y custodia para delitos menores, relacionando las causas a problemas estructurales y transversales vinculados a situaciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres.
En definitiva, este es un ejemplo más del impacto diferencial que las políticas y estrategias pueden causar, evidenciando la urgencia de desarrollar acciones específicas para corregir situaciones de desigualdad.
Conoce más de cerca esta problemática a través de testimonios de mujeres que se encuentran en esta situación:
