Según el estudio Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas 2013, elaborado por la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), a partir de diferentes fuentes oficiales, tres millones de españoles cuentan con sólo 3650 euros para sobrevivir durante un año. Tres millones de ciudadanos que se encuentran en la pobreza más absoluta. Exclusión social total hacia la que transitan otros 10 millones de españoles que intentan sobrevivir con 7.300 euros al año. Los simplemente “pobres”.
A estos datos brutales en un país industrializado y desarrollado se une que la desigualdad se ha enquistado en nuestra estructura social, ya que la distancia entre el 20% de los grupos más pudientes y el 20% creció desde 2007 un 30%. El retroceso de los ingresos afecta especialmente a las rentas más bajas. España encabeza el ranking de países de la UE con mayor riesgo de pobreza entre su población, superando a países como Letonia, Rumanía y Bulgaria que nos siguen de cerca. El umbral de pobreza en la Unión Europea se fija en el 60% de la renta media nacional. Por primera vez en 10 años, la renta per cápita española es inferior a la media europea.
La Comisión Europea (CE) alerta de las cifras record de desempleo en la UE, con 25 millones de personas sin empleo, la sexta parte de ellas, en España. Especialmente afectado está el colectivo de jóvenes españoles y españolas. Más del 50% no tiene trabajo remunerado. Según informa la CE existen investigaciones que indican que “los efectos de la crisis sobre los y las jóvenes pueden no limitarse a bajos salarios y a un retraso en el desarrollo de su carera profesional durante años, sino que podrían ser permanentes, resultando en más pobreza y exclusión social”.
Ahora mismo existen en España 12 millones de personas en riesgo de pobreza, casi medio millón más que hace seis meses. Y la cifra sigue aumentando. Para Paz Casillas, Directora Gerente de Fundación Atenea “hemos olvidado como sociedad que las necesidades básicas de las personas son derechos”.El desempleo, la pérdida de subsidios, las subidas de impuestos, los embargos de pisos y los recortes en políticas sociales sólo agudizan el problema. Como recuerda la plataforma Alianza contra la Pobreza, el Estado pierde alrededor de 90.000 millones de euros cada año por el fraude fiscal. Esa en una cifra once veces mayor que lo que ha destinado este año a la Sanidad, los Servicios Sociales, la Educación, la Cooperación y la Ley de Dependencia.
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