Si encendemos la televisión hoy, o si observamos las recientes movilizaciones y acampadas en el centro de Madrid, la imagen habla por sí sola. Atravesamos un momento crítico a nivel nacional, marcado por el debate de una Ley de Vivienda que sigue encallada entre reproches cruzados y una falta alarmante de soluciones reales. Hablamos mucho de fondos buitre, de zonas tensionadas y de precios inasumibles, pero en medio de este ruido estamos olvidando a quienes se llevan la peor parte en absoluto silencio.
Analizar la crisis habitacional sin perspectiva de género es hacer un diagnóstico ciego. La precariedad residencial no afecta a todos por igual; para las mujeres que asumen la crianza en solitario, no es un daño colateral, sino el resultado estructural de un mercado que penaliza los cuidados y de un sistema laboral que precariza a la mujer. Cuando el mercado inmobiliario te expulsa y las administraciones no llegan a tiempo, la intervención social a pie de calle se convierte en el último paracaídas.
Desde Fundación Atenea, conocemos muy de cerca esta asfixia. A través del programa Apoyarte, proyecto integral financiado por el Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), trabajamos en la trinchera de esta crisis acompañando a las familias monoparentales y monomarentales con hijos menores a cargo. Lo que vemos a diario en nuestro recurso es una vulneración sistemática de derechos que merma la vida de las madres y el futuro de sus hijos e hijas, perpetuando la desigualdad de género de generación en generación.
Para entender la dimensión de esta fractura y su marcado carácter de género, no hace falta mirar a la capital; basta con observar los datos demográficos de nuestra propia ciudad. Durante las III Jornadas de familias monomarentales organizadas por Fundación Atenea en 2025, se expuso que, en el censo de 2011, las madres con hijos ya conformaban el 13,7% del total de hogares en Albacete, frente a un escaso 2,9% de padres en la misma situación. Una década después, en 2021, la ciudad contabilizaba 5.453 hogares formados por un solo progenitor conviviendo con hijos menores de 25 años, lo que representa el 8,22% del total de familias. La monoparentalidad tiene, estadística y abrumadoramente, rostro de mujer.
El muro inmobiliario: precariedad, abusos y estigma patriarcal
A través de nuestro trabajo en Apoyarte y de las conclusiones extraídas en la Mesa de Vivienda celebrada el 18 de noviembre de 2025 en Albacete, radiografiamos una carrera de obstáculos insalvable que se ensaña especialmente con las mujeres. Las familias monomarentales sufren habitualmente cláusulas abusivas, llegando a enfrentarse a la no admisión de menores por parte de los propietarios (una práctica de dudosa legalidad) y a una oferta donde gran cantidad de pisos se reservan exclusivamente para estudiantes.
A esto se suma la barrera económica, con precios que superan ampliamente el límite legal recomendado del 30% de los ingresos familiares. Esto las empuja hacia viviendas “asequibles” que, en la realidad, presentan muy malas condiciones de habitabilidad o al alquiler de una habitación para toda la familia, compartiendo piso con otras personas adultas que no forman parte de su núcleo familiar o social, afrontando problemas en la convivencia y sumando dosis de estrés diario para ellas y sus hijos e hijas. Este ahogo económico choca frontalmente con la baja calidad del empleo al que pueden acceder estas mujeres, fuertemente marcado por sueldos bajos y medias jornadas que apenas les permiten conciliar la vida laboral con el cuidado de los/las menores.
La asfixia es evidente al observar el mercado albaceteño: el índice de precios de vivienda en alquiler ha sufrido variaciones acumuladas altísimas entre 2015 y 2023, con incrementos del 18,50% en el Distrito 7, del 17,50% en el Distrito 1 y del 16,70% en el Distrito 6. Paralelamente, la oferta desaparece, pues el porcentaje de vivienda vacía en Albacete se ha desplomado del 18,12% en 2011 a un escaso 6,22% en 2021.
Y por si fuera poco, se enfrentan al estigma y a una discriminación sistemática amparada en los prejuicios y los bulos. En el día a día, esto se traduce en escenas tan reales como humillantes. Cuando una madre llama a una agencia o al dueño de un piso, a menudo le cuelgan la etiqueta de “problema” antes incluso de preguntarle cuánto cobra. Existe el falso y dañino prejuicio de que, por estar solas con menores, van a dejar de pagar el alquiler aprovechando que la ley protege a los/las menores frente a un desahucio.
Imagina la situación: llamas por un anuncio, tienes tu nómina preparada y la conversación fluye, pero en cuanto pronuncias la frase “vivo sola con mi hijo de tres años”, el tono al otro lado del teléfono cambia de golpe. De repente, te dicen que el piso “ya está reservado”, que el propietario prefiere parejas o te exigen avales inasumibles. Las juzgan y las descartan de antemano, asumiendo cruelmente que van a usar a sus propios hijos como escudo para convertirse en morosas, cuando en realidad son precisamente ellas quienes más sacrificios hacen para no perder su techo.
Interseccionalidad: cuando la exclusión se multiplica
Si la monomarentalidad ya es un factor de altísimo riesgo en el acceso a la vivienda, cuando cruzamos esta realidad desde Fundación Atenea con la discapacidad o la migración, la exclusión se multiplica, creando un callejón sin salida.
Según revela el estudio oficial “Aproximación a la Monomarentalidad” (publicado por la FAMS en 2023), el 17,95% de las madres solas encuestadas convive con algún tipo de discapacidad, esté acreditada o no. Para estas mujeres, el mercado inmobiliario es doblemente hostil: no solo compiten con ingresos mermados, sino que deben encontrar un entorno accesible, algo que escasea en el panorama de vivienda asequible.
Por otro lado, la realidad de las mujeres migrantes roza el desamparo institucional. El informe “Monomarentalidad Migrada desde una perspectiva interseccional II” (FAMS, 2024) denuncia cómo la exclusión se agrava de forma alarmante para las madres de origen extranjero, demostrando que un 19,23% se encuentra en situación administrativa irregular. Para ellas, acceder a un contrato de alquiler por la vía legal es directamente imposible al carecer de documentación o nómina estandarizada, quedando empujadas a sobrevivir en el mercado informal de la infravivienda.
La vulnerabilidad extrema: violencia machista y chantajes inmobiliarios
Es precisamente en esos márgenes donde la falta de vivienda se convierte en un catalizador de la violencia machista más silenciosa. A la exclusión del mercado se le suma una de las caras más trágicas: la extrema dificultad para encontrar un alquiler asequible obliga a muchas madres a permanecer bajo el mismo techo que sus exparejas maltratadoras. Al no tener a dónde ir ni solvencia económica para alquilar por su cuenta, algunas mujeres se ven forzadas a convivir con su agresor, soportando situaciones de violencia de género y violencia vicaria. La falta de acceso a la vivienda se convierte en estos casos, literalmente, en la cadena que las ata al maltrato.
Y para las que logran salir, o para aquellas mujeres sin red de apoyo y en situación irregular, la desesperación por no quedarse en la calle junto a sus hijos las convierte en blanco fácil para la explotación. En este contexto emergen dinámicas perversas de poder donde algunos propietarios o subarrendadores de habitaciones ejercen abusos directos sobre las mujeres. Hablamos de acoso, de violencia sexual y del atroz chantaje inmobiliario: la exigencia de favores sexuales o la coacción hacia la prostitución encubierta a cambio de un techo o de no ser desahuciadas. Esta violencia, impune tras las puertas del subarriendo, destroza la dignidad y la seguridad de las madres y de sus menores a cargo.
El coste invisible: cuerpos y mentes al límite
Vivir con el miedo constante a perder tu hogar, a no encontrar vivienda que alquilar o a verte obligada a vivir en una habitación con tus hijos y compartir piso con desconocidos, tiene unas consecuencias graves sobre la salud familiar. Imagina estar las veinticuatro horas del día en “modo supervivencia”, sintiendo el terror ante un posible desahucio y la angustia continua de no saber qué pasará mañana contigo y con tus hijos. Esa incertidumbre aumenta el riesgo a que aparezcan trastornos depresivos, estrés crónico y episodios de ansiedad, aplasta su autoestima y las deja sin fuerzas ni esperanza para construir un futuro, quedando atrapadas estas familias en una situación de la que es casi imposible salir solas.
Más allá del asfalto: el reto inaplazable de la próxima Ley de Vivienda
Mientras las tiendas de campaña siguen en las calles y el debate político se dilata, es imperativo hacer una reflexión profunda. No podemos diseñar soluciones habitacionales que ignoren a quienes más las necesitan y que omitan cómo el género condiciona radicalmente la supervivencia de las familias monomarentales.
La próxima Ley de Vivienda tiene que nacer con una perspectiva de género transversal y valiente. Debe contemplar de forma explícita a las poblaciones vulnerables y reconocer la realidad de las madres con hijos menores a cargo. Se necesitan políticas públicas que no las traten como un perfil “de riesgo” para el mercado, sino que las reconozcan como ciudadanas de pleno derecho que requieren de un escudo social frente a la especulación, la exclusión y las violencias machistas que se esconden en la precariedad de la vivienda.
Desde proyectos como Apoyarte seguiremos siendo refugio e intervención de primera línea, pero no podemos seguir permitiendo una arquitectura legal ciega a la diversidad familiar. Porque una sociedad que permite que las mujeres que crían solas vivan con el miedo constante a perder su hogar, a enfermar por sostenerlo, a no poder huir de un agresor o a ser explotadas sexualmente para mantener un techo, es una sociedad que está fallando por sus cimientos más básicos. Es hora de que las leyes de vivienda tengan memoria, tengan género y, sobre todo, no las vuelvan a dejar fuera.
